La renta mínima estatal beneficiaría a 14.200 navarros y supondría una aportación de 72,8 millones a las arcas forales

    CCOO celebra que el Congreso de los Diputados haya aceptado admitir a trámite la proposición de ley para establecer una renta mínima de 426 euros para personas sin recursos. El sindicato pide que la medida sea compatible y complementaria con las prestaciones de las CCAA, la Renta de Inclusión Social en el caso de Navarra. Un estudio elaborado por CCOO (se adjunta) estima que la medida beneficiaría a 14.200 navarros y supondría una aportación estatal de 72,8 millones a las arcas forales.

    03/02/2017.
    La renta mínima estatal beneficiaría a 14.200 navarros

    La renta mínima estatal beneficiaría a 14.200 navarros

    El Congreso de los Diputados ha aceptado la admisión a trámite de la ILP para una renta mínima que presentaron CCOO y UGT con el respaldo de más de 700.000 personas. CCOO de Navarra celebra esta decisión y pide que en el resultado final del proceso de tramitación se garantice la compatibilidad y complementariedad de la medida con las prestaciones de las CCAA, la Renta de Inclusión Social en el caso de Navarra. Un estudio elaborado por CCOO (se adjunta) estima que la medida beneficiaría a 14.200 navarros de manera directa, a 54.769 indirectamente y supondría una aportación estatal de 72,8 millones a las arcas forales.
     
    La Renta Mínima estatal está diseñada para cubrir las lagunas que presenta nuestro actual sistema de protección social con el objeto de vertebrar el conjunto del territorio en la atención a las personas sin recursos. La propuesta de los sindicatos establece la cuantía de la prestación en el 80% del IPREM (426 euros/mes), estaría ubicada en el marco de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social para todas aquellas personas que estando en edad laboral carecen de empleo y de recursos suficientes, y cuya duración se extenderá por tanto tiempo como dure dicha situación.
     
    En opinión de CCOO, a pesar de la mejoría de algunos indicadores como la tasa de desempleo o el aumento de la ocupación, los datos demuestran que la situación sigue siendo grave para muchas familias. Según la EPA en el segundo trimestre de 2016 la cifra de hogares que carecen de ingresos, es decir, hogares en los que no hay ningún ocupado, ni perceptor de ingresos por trabajo, ni pensionista, ni ingresos por prestaciones o subsidios de desempleo ascendía a 9.602 en la Comunidad Foral.
     
    Ante esta realidad el sindicato considera prioritario reforzar la protección social, dar cobertura a lo hogares sin ingresos que hay en Navarra y dirigir las políticas de empleo a los colectivos que se encuentran en peor situación para facilitar que sean los primeros en reincorporarse al mercado de trabajo y evitar situaciones de desigualdad, pobreza y exclusión. La prestación beneficiaría a 2,1 millones de personas en el conjunto del Estado, 14.200 en el caso de Navarra. Son las personas que pudiendo y queriendo trabajar no pueden hacerlo y a quienes los actuales instrumentos de protección no dan respuesta y carecen, por tanto, de recursos para vivir.
     
    Viabilidad económica.
     
    El coste de la Prestación de Ingresos Mínimos, se sitúa en el entorno de 11.000 millones de euros anuales, lo que equivale al 1,1% del PIB y de los cuales, Navarra recibiría 72 millones de euros. Aún tratándose de una cuantía ciertamente importante resulta perfectamente asumible teniendo en cuenta la dimensión actual de nuestro sistema de protección social, el número de personas que se beneficiarán de ella, el importe de su cuantía nominal, y las consecuencias sociales y económicas que ayudará a desplegar.
     
    En este sentido hemos de hacer hincapié en el efecto macroeconómico que desplegará esta prestación ya que su destino irá prácticamente de forma íntegra a consumo de los hogares, con la repercusión que ello tendrá sobre la demanda interna, la actividad económica y el mantenimiento y crecimiento del empleo asociado a la misma. Lo que, a su vez, supondrá un importante nivel de retorno para las arcas públicas por la vía de impuestos, cotizaciones sociales, etc.
     
    Hay que tener en cuenta, que esta prestación se propone con naturaleza estructural, no coyuntural. En ese sentido operan requisitos como la disponibilidad para trabajar, la obligación de participar en acciones de mejora de la ocupabilidad, acciones de promoción, formación o reconversión profesionales que determinen los servicios públicos de empleo.

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