Comisiones Obreras de Navarra | 28 marzo 2024.

La Renta Mínima es ya una realidad para las personas en situación de mayor vulnerabilidad

    CCOO celebra la aprobación, por fin, del Ingreso Mínimo Vital para intentar proteger a 850.000 hogares, que además están sufriendo muy intensamente esta crisis del coronavirus. Valoran positivamente esta medida porque es una reclamación histórica de ambas organizaciones (hace treinta años promovimos, tras la Huelga General del 14D de 1988, las pensiones no contributivas y, como última manifestación del compromiso sindical en esta materia, hace cuatro años presentamos la ILP de Prestación de Ingresos Mínimos en el Congreso, avalada por 710.000 firmas); porque su puesta en marcha va a ser inmediata, empezando a proteger a un colectivo prioritario; y porque completa uno de los vacíos de cobertura que existen en la red de protección social existente en nuestro país.

    01/06/2020.
    Se aprueba la renta mínima.

    Se aprueba la renta mínima.

    Una renta que refuerza el Estado de Bienestar y es un hito social en la lucha contra la pobreza, con una prestación que perdurará mientras persista la situación de vulnerabilidad familiar y que debe posibilitar que, quienes accedan a la misma, a través de medidas de fomento del empleo, puedan finalmente ingresar de nuevo en el mercado de trabajo, o en su caso, de inserción social. Por ello, sin perjuicio de la labor de acompañamiento de los servicios sociales, cuando corresponde, CCOO exige un seguimiento permanente de cada caso por parte de los orientadores de los Servicios Públicos de Empleo, con un desarrollo de los itinerarios de formación específicos para conseguir la mayor empleabilidad a corto plazo.

    Además, esta prestación debe ser independiente del cobro de otras prestaciones asistenciales y del subsidio por desempleo, con el fin de proteger a todas las personas que peor lo están pasando debido a esta pandemia.
    Medida urgente

    Desde el inicio de esta crisis, CCOO ha insistido en reivindicar de manera constante la necesidad de extender de manera urgente la protección a todos los colectivos desfavorecidos, pues la cobertura de la protección por desempleo deja fuera a muchos desempleados sin ingresos (casi el 40%, y la red social aprobada por el Gobierno, exigida por ambos sindicatos y acordada en buena medida en el ámbito del Diálogo Social, a pesar de su extensión, tampoco ha llegado a todas estas personas.

    Los sindicatos habíamos exigido una renta para dotar de unos recursos mínimos a las familias que estaban en situación de pobreza, exclusión o riesgo de exclusión social. Las personas que las integran, han sido golpeadas con dureza por esta crisis y en muchos casos no tan tenido ningún ingreso para poder sobrevivir.

    Los sindicatos hubiéramos preferido que se hubiera articulado como una medida urgente y extraordinaria desde hace más de dos meses. Un millón de desempleados más debido a la COVID-19, de los cuales el 40% no cobra ninguna prestación; uno de cada cuatro hogares en riesgo de pobreza o exclusión social; 700.000 hogares sin ningún ingreso; más de un millón de hogares con todos sus miembros en paro; 33.000 personas sin hogar; y 12 millones de personas en riesgo de pobreza. Una realidad, que agravaba la situación precedente, ya grave, de una parte importante de la población, exigía el impulso de esta renta desde hace ya dos meses.

    El Gobierno ha preferido anticipar la creación de una medida más estructural, lo que ha provocado serias y evidentes deficiencias en los mecanismos de participación propios de la Seguridad Social, para diseñar una prestación nueva dentro de la misma, con un escaso margen de tiempo.

    Para CCOO, se hacía necesaria esta Renta Mínima Vital, con requisitos específicos debidos a la crisis del COVID19, para una situación muy concreta por un periodo determinado, ya que articulada de la manera correcta puede alcanzar a todos los colectivos desfavorecidos y convertirse en un elemento determinante para que la salida de la crisis de nuestro país sea más rápida sin que nuestra sociedad pague una mayor factura en términos de pobreza.