Comisiones Obreras de Navarra | 16 abril 2024.

Las trabajadoras del sector de los centros para personas con dicapacidad se concentran en Pamplona para reclamar la subida salarial que se firmó de cara a este 2022

  • Domusvi y Avanvida son las dos empresas que siguen sin pagar lo que deben a sus empleadas.
  • En una manifestación conjunta con ELA, LAB y UGT se ha instado al Gobierno de Navarra a tomar medidas hacia las empresas que no han cumplido el acuerdo.

20/09/2022.

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Las empleadas del sector de los centros de personas con discapacidad en Navarra se han concentrado este martes al mediodía para reclamar que Domusvi y Avanvida paguen la subida salarial que se firmó de cara al presente curso. Frente del Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, los cuatro sindicatos con representación en el sector se han unido para denunciar esta situación. CCOO ya denunció estos impagos en nota de prensa el pasado 8 de septiembre.

Las ­­­­más de 500 trabajadoras de Dumusvi y Avanvida todavía no han cobrado la subida salarial del 6,6%. La labor de las trabajadoras del sector tiene carácter esencial, por lo que desde el sindicato se exige que las mejoras en el convenio se apliquen de forma inmediata. Este retraso de nueve meses demuestra una desidia administrativa y empresarial inaceptable.

Los sindicatos denuncian la falta de compromiso, responsabilidad y seriedad por parte de las empresas gestoras. Su inacción afecta a los derechos del conjunto de las trabajadoras, incluidas las interinas. En este sentido es importante destacar el papel fundamental que estas trabajadoras tienen en el bienestar de las personas dependientes.

Fondos buitre para la gestión pública

CCOO de Navarra ya denunció este mismo año en el informe “El impacto de los fondos buitre en el sector de la dependencia en Navarra” el enorme peso que las empresas que operan en paraísos fiscales tienen en el sector de la dependencia en Navarra. Al menos cinco centros de atención a la discapacidad están gestionados por fondos de inversión, lo que implica que el Gobierno de Navarra tiene que lidiar con entidades que tratan de lograr el mayor beneficio posible, operando de forma opaca y aplicando criterios meramente mercantilistas, lo que afecta directamente a las personas dependientes.