Comisiones Obreras de Navarra | 24 abril 2024.

1º Mayo 2024

CCOO considera que el anteproyecto de Ley de Función Pública de la Administración General del Estado recorta derechos consolidados del personal público

  • En Navarra son en torno a 1000 las personas trabajadoras (800 funcionarias y 200 laborales) que ejercen su labor en la Administración General.
  • Para CCOO, los funcionarios de la Administración General del Estado tienen un carácter esencial en el servicio público.
  • El sindicato insta al Gobierno Central a introducir modificaciones profundas que conduzcan a una modernización de la Administración General del Estado y no se limite a una repetición del articulado de las normas vigentes de 1967 y 1984.

09/02/2023.
Concentración frente a la Delegación del Gobierno.

Concentración frente a la Delegación del Gobierno.

Este jueves, CCOO se ha manifestado frente a la Delegación del Gobierno de España en Navarra para pedir una reconsideración del Anteproyecto de Ley de la Función Pública de la Administración General del Estado. Para CCOO este anteproyecto restringe derechos al personal público, lo que merma los servicios esenciales que se ofrecen a la ciudadanía.

El sindicato considera imprescindible establecer garantías en materia de movilidad, carrera profesional, salarios, extensión a la totalidad del personal, igualdad, desarrollo de grupos profesionales, comisión evaluadora del desempeño o reconvocatoria de las vacantes que resulten de las ofertas de empleo público, entre otras.

En la Comunidad Foral de Navarra hay en torno a un millar de personas trabajando en la Administración General del Estado. Se trata de trabajadores y trabajadoras que ejercen su función en el Servicio Público de Empleo Estatal, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería de la Seguridad Social, Centros penitenciarios, Inspección de Trabajo, Fogasa, Instituto Nacional de Estadística y Agencia Tributaria.

El Anteproyecto de Ley de Función Pública de la Administración del Estado se aprobó en Consejo de Ministros el 20 de diciembre. Desde ese momento, CCOO inició un proceso de negociación que ha llevado a aportar 250 mejoras al texto, con casi 90 artículos modificados o añadidos. Entre los cambios más importantes, se introduce un capítulo sobre derechos y deberes, la eliminación del carácter sancionador de la evaluación del desempeño, el reconocimiento de la carrera profesional o la necesidad de negociar la planificación estratégica y el desarrollo reglamentario que la norma requiere.

El sindicato insta al Gobierno a introducir modificaciones profundas que conduzcan a una modernización de la Administración General del Estado, y no se limite a una repetición del articulado de las normas vigentes de 1967 y 1984 a las que debe sustituir. CCOO advierte que mantener la limitación de derechos es posicionar al personal público contra la ley que debe ordenar su actividad en las próximas décadas.

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