Comisiones Obreras de Navarra | 7 diciembre 2024.

CCOO señala que en Navarra solo hay 60 instituciones y empresas que han registrado su huella de carbono

  • De ellas, solo una decena ha adquirido el compromiso de reducción de emisiones.
  • CCOO ha organizado hoy una jornada formativa en Pamplona para tratar la ‘Acción sindical para una transición energética justa’.
  • El sindicato pide avanzar en esta materia a través del desarrollo reglamentario de la Ley Foral 4/2022 sobre cambio climático y transición energética en Navarra.

08/05/2024.
Jornada sobre transición energética justa en CCOO.

Jornada sobre transición energética justa en CCOO.

La emergencia climática a la que nos enfrentamos nos va a obligar a transformar nuestra manera de producir y consumir ante la escasez de recursos. La descarbonización de la economía a través de las energías renovables, la eficiencia en el uso de los recursos y materias primas y la circularidad de los procesos son la clave de este escenario, en el que la normativa ambiental cada vez va a ser más rigurosa, incrementando las obligaciones hacia las empresas y redirigiéndolas hacia la sostenibilidad.

Estas son algunas de las cuestiones abordadas hoy en una jornada organizada por CCOO en Pamplona bajo el título ‘Acción sindical para una transición energética justa’, a la que han acudido medio centenar de delegados y delegadas navarras. Ha contado con la participación de Antonio Ferrer, responsable de gestión ambiental y RSE de ISTAS-Fundación 1º de Mayo de CCOO y Pablo E. Frutos, de la secretaría confederal de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO.

Frutos ha señalado que “el cálculo de la huella de carbono y el establecimiento de objetivos de reducciones de emisiones será una premisa obligatoria para la mayoría de las empresas en el corto plazo. Los centros de trabajo que antes integren la sostenibilidad ambiental dentro de la gestión de la empresa mejor se posicionarán en el nuevo contexto frente a sus competidores”.

Por su parte, Ferrer, ha hablado sobre la dimensión que está adquiriendo la economía circular para la viabilidad de muchas actividades productivas y de prestación de servicios, y con ello de los miles de puestos de trabajo asociados a las mismas. “La participación sindical en este ámbito es fundamental. Los delegados y delegadas deberán proponer medidas para mejorar la eficiencia energética y la gestión del agua; participar en los planes de movilidad sostenible a los centros de trabajo; impulsar las políticas de compras verdes en la empresa y reciclaje; sustituir las sustancias peligrosas; o proponer inversiones y adaptaciones tecnológicas tendentes a la circularidad”.

La situación en Navarra

En Navarra, la aprobación de la Ley Foral 4/2022, de 22 de marzo, de cambio climático y transición energética, dice en su artículo 58 que las empresas navarras estarán obligadas a calcular su huella de carbono y publicar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En ese artículo se indica que el Gobierno de Navarra deberá anunciar en un plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de la ley, la tipología de empresas que estarán obligadas a ese cálculo y publicación; sin embargo, aún no existe desarrollo reglamentario de esa ley en Navarra.

A nivel nacional, existe un registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción creado por el Ministerio. Este registro es de carácter voluntario y en él se recoge el compromiso que organizaciones, administraciones y empresas adquieren sobre el cálculo de la huella de carbono, reducción y compensación de gases de efecto invernadero.

En Navarra existen 60 organizaciones en dicho registro, de las cuales solo una decena ha adquirido el compromiso de reducción, es decir, conseguir una tendencia a la baja en la generación de sus emisiones.

Desde CCOO hacemos un llamamiento para que se desarrolle la normativa que regule la obligatoriedad por parte de las distintas actividades de calcular la huella de carbono y adquirir compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. A la espera de que se apruebe el desarrollo reglamentario de esta ley, estaba previsto que las empresas de más de 49 personas trabajadoras o una facturación superior a los 10 millones de euros fueran las primeras en tener que calcular y publicar su huella de carbono.